Pedro Sánchez ha establecido un ultimátum al Partido Popular para resolver el bloqueo judicial antes del verano. El Gobierno se centrará en presionar al PP esta semana para llegar a un acuerdo, con la posibilidad de cambiar la ley del Poder Judicial si es necesario. El PP se enfrenta a la posibilidad de perder su capacidad de nombrar jueces de forma discrecional si no acepta el pacto propuesto por el Gobierno. A pesar de las presiones, hay dudas sobre si el PP aceptará el acuerdo, especialmente con la resistencia de sectores conservadores y mediáticos.
La principal preocupación del Gobierno no es la distribución de jueces progresistas o conservadores en el Consejo General del Poder Judicial, sino garantizar que los nombramientos se realicen de manera objetiva e independiente del PP. Esta es la fórmula propuesta por Sánchez para desbloquear el sistema judicial y garantizar la imparcialidad en la selección de jueces para el Tribunal Supremo. El Gobierno considera que este cambio es esencial para garantizar la independencia del poder judicial y evitar que los jueces deban su puesto a intereses políticos.
La lucha por desbloquear los nombramientos judiciales se produce en un momento tenso en la justicia, especialmente en relación con la aplicación de la ley de amnistía en el caso del procés. El fiscal general, Álvaro García, ha tomado una postura firme en este tema, desafiando a otros fiscales del Supremo. A pesar de las presiones, el Gobierno confía en que la amnistía se aplicará completamente, respaldada por los tribunales europeos y el Tribunal Constitucional. Esta controversia judicial es uno de los principales desafíos políticos a los que se enfrenta el Ejecutivo.
Además de la cuestión judicial, el Gobierno está trabajando en un plan de regeneración democrática centrado en medidas contra la desinformación en línea con las directivas de la UE. Este plan incluirá mayor transparencia en la financiación de los medios y limitaciones para evitar la difusión de noticias falsas. El Gobierno asegura que no adoptará medidas más allá de las recomendaciones de la UE en este ámbito. Estas dos iniciativas, junto con la resolución del bloqueo judicial, buscan sentar las bases para una normalidad política en septiembre, con el objetivo de centrar la atención en temas económicos y de gestión.
El Gobierno se enfrenta a la necesidad de devolver la política a la normalidad para centrarse en los temas económicos, que están dando buenos resultados. La presión sobre el Partido Popular para llegar a un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial es alta, con la posibilidad de cambiar la legislación si es necesario. Aunque existen resistencias, el Gobierno está decidido a resolver el bloqueo judicial antes del verano, para poder abordar otros temas de importancia. Esta situación marca un punto crucial en la relación entre el Gobierno y el PP, con posibles consecuencias significativas para el sistema judicial y la independencia de los jueces.
