Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura amenaza de nuevo a la Junta de Extremadura con no apoyar sus medidas de Gobierno si el PP rechaza las iniciativas de la formación de extrema derecha en la Cámara autonómica. El enésimo encontronazo de quienes fueron socios de Gobierno hasta que los ultras rompieron con los populares en julio de 2024 ha sido a cuenta de una propuesta parlamentaria de Vox para derogar la conocida como Ley LGTBI, vigente desde 2015, argumentando que desprotege a los menores y las mujeres y que no preserva la igualdad entre todas las personas. Este jueves, desde la Junta de Extremadura los populares se han mostrado en contra.Los argumentos del Ejecutivo extremeño es que la igualdad de derechos es un principio irrenunciable para el Ejecutivo regional. “El Gobierno de la Junta muestra su más absoluto rechazo a derogarla; esta ley ni ha sido cuestionada, ni se cuestiona ni se cuestionará por parte del ejecutivo de María Guardiola”, ha afirmado la portavoz regional, Victoria Bazaga.Vox, que apoya un decreto de medidas fiscales del Ejecutivo a cambio de que el PP apoyara la derogación de la Ley de Memoria, esta vez ha advertido ahora que en ese apoyo al decreto quedará su sostén parlamentario. “El apoyo de Vox no lo tienen, así que tienen tres posibilidades: agárrense al poder como puedan, convoquen elecciones o sométanse a una cuestión de confianza, una fórmula rápida, sencilla e indolora”, ha incidido el diputado Óscar Fernández, que ha recordado al Gobierno autónomo su situación de minoría y que, por tanto, necesita a su partido para sacar adelante muchas medidas. El diputado ha lamentado que el PP tampoco respalde otras dos de sus propuestas, una reforma de la ley sindical y la eliminación de la ecotasa de la central nuclear de Almaraz.El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha intentado rebajar la tensión con quienes fueron sus socios de Gobierno hasta menos de un año, y ha asegurado que desde la Junta de Extremadura no se opone a la tramitación de ninguna iniciativa ni se ponen cordones sanitarios, pues siempre son analizadas y discutidas con independencia del partido que presente las propuestas de ley. María Guardiola aseguró en 2023, antes de ser investida y de aceptar el apoyo de Vox para ello, que “no podía dejar entrar en el gobierno a quienes (…) colocan una lona y tiran a la papelera la bandera LGTBI”, en referencia a una polémica iniciativa de Vox, que colocó una pancarta gigantesca en un edificio del centro de Madrid en el que aparecía una mano tirando la bandera LGTBI a la papelera. Guardiola terminó pactando la entrada de Vox en su Ejecutivo.Con todo, este jueves ,en la Asamblea, los más críticos ha sido el grupo que preguntaba al gobierno regional, Unidas por Extremadura y su diputada Nerea Fernández´, quien ha puesto en duda el anunciado rechazo del ejecutivo a derogar la Ley LGTBI. “También dijeron que no cambiarían la Ley de Memoria Histórica de Extremadura y ahora han pactado con Vox en derogarla; ustedes son como Pimpinela, unas veces me enfado y otras te quiero”, ha dicho Fernández.Con estas palabras, la diputada de la formación de izquierdas se refería al acuerdo al que llegaban hace unas semanas Partido Popular y Vox en la comunidad para derogar la Ley de Memoria Histórica y pactar una nueva Ley de Concordia con la ultraderecha, después de haber asegurado en semanas anteriores que no iban a eliminar la legislación de memoria de las víctimas de la Guerra Civil, aprobada en la anterior legislatura y el Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara. El detonante para llegar al acuerdo de acabar con esa norma fue la firma de un decreto de medidas fiscales que presento el gobierno de María Guardiola tras no sacar adelante los Presupuestos Generales de la comunidad para el 2025, precisamente por la falta de apoyos en la oposición, Vox incluido.Desde Fundación Triángulo Extremadura, una organización en defensa de los derechos LGTBI, consideran que la derogación propuesta por Vox es innecesaria, y han apelan a los grupos parlamentarios “sensatos” en el hemiciclo a que no la apoyen. “Lamentamos mucho que los diputados de Vox, que cobran un sueldo público, no se hayan leído la ley: no dice nada de los que ellos alegan, es una norma que lleva en vigor diez años y que solo plantea mejoras para la vida de muchos extremeños y extremeñas”, ha asegurado en la Cadena SER la presidenta de la organización, Silvia Tostado.Tostado asegura que la norma implica visibilidad del colectivo o sentir protección en caso de discriminaciones. “Extremadura se posicionó en la vanguardia de posicionamiento desde días institucionales y la aprobación de esta ley, fuimos los segundos después de Cataluña, es un debate estéril y desde el activismo no vamos a dar un paso atrás”, ha señalado la dirigente de Triángulo. “La normativa nos ha permitido acompañar a personas que la han necesitado, al final la norma refleja como es la sociedad extremeña. Ha hecho a Extremadura mejor y a que se posicione en la defensa de los derechos humanos”, ha insistido Torrado.
