Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english La reforma de la controvertida Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana del PP, la conocida por sus detractores como ley mordaza, lleva meses transitando perezosamente por el Congreso. Y ello a pesar de que el acuerdo alcanzado en octubre entre PSOE y Sumar con EH Bildu ―y al que se sumaron posteriormente ERC, PNV y BNG― pareció despejar el camino para un cambio que ya ha sufrido sendos intentos fallidos en 2019 y 2023. Seis meses después de aquel pacto y cuando este lunes se cumplen 10 años de la publicación en el BOE de la polémica norma (que entró en vigor el 1 de julio de 2015), han aparecido nuevos escollos que atascan su camino parlamentario, según ha constatado EL PAÍS tras hablar con fuentes de siete partidos favorables al cambio.En la pasada legislatura, cuando los partidos que sustentaban entonces el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya habían acordado modificar 36 de los 54 artículos de la ley, la reforma descarrilló por discrepancias entonces insalvables en cuatro puntos: el uso de material antidisturbios, sobre todo el de las pelotas de goma, para hacer frente a altercados callejeros (artículo 23.4); las sanciones por faltas de respeto a los policías (artículo 37.4); el castigo a la desobeciencia y resistencia a las órdenes de los agentes (artículo 36.6), y la devolución en caliente de inmigrantes irregulares en frontera (disposición transitoria). Ahora, cuando parecía más cerca el consenso tras el pacto de octubre, la inestable aritmética parlamentaria y las nuevas exigencias de algunos de los grupos políticos que conforman el bloque de investidura vuelven a dejar todo en el aire y, sobre todo, a ralentizar su trámite parlamentario.Ya durante los dos primeros trámites parlamentarios ―la toma en consideración de la reforma en octubre y el rechazo, en diciembre, de las enmiendas a la totalidad que habían presentado PP y Vox―, se vislumbró que el camino para sacar adelante el proyecto no estaba, ni mucho menos, despejado. Podemos y Junts, cuyos votos son imprescindibles para aprobarla, dejaron claro en sus intervenciones en aquellos debates que su apoyo no está garantizado. Por ello, las formaciones partidarias más implicados en la reforma decidieron postergar los contactos multilaterales para pactar el texto definitivo hasta febrero, cuando se iniciaba el nuevo periodo de sesiones tras las vacaciones navideñas. El objetivo era ―y aún es, admiten varias fuentes políticas consultadas― cerrar un acuerdo definitivo entre los partidos favorables a la reforma antes de llevar el texto a la ponencia para que ese último trámite parlamentario sea rápido.Sin embargo, todos los partidos consultados en los últimos días admiten ahora que, transcurridos casi dos meses del nuevo periodo de sesiones, solo han mantenido lo que casi todos califican de “tanteos” o “contactos informales” siempre bilaterales en los que no se han intercambiado documentos con propuestas. Según detallan fuentes parlamentarias, estos contactos a dos bandas entre partidos se están ajustando a una lógica parlamentaria en la que se intenta evitar que el diálogo se vea afectado por rivalidades políticas. Así, EH Bildu se ha convertido en el interlocutor de Podemos y mantiene su tradicional buena sintonía con ERC; Sumar lo hace con Junts; y con el PNV habla principalmente el PSOE.“A veces simplemente han sido breve charlas en el escaño o al coincidir en una comisión”, detalla una de las fuentes, que pide mantener el anonimato ―como el resto de las consultadas, entre ellos varios diputados― para no entorpecer las negociaciones. “Sobre la mesa están las enmiendas que cada uno presentó a la propuesta de octubre y nada más”, recalca otra. “No va a ser fácil”, se lamenta una tercera, que recuerda que se han presentado 200 enmiendas, “más de las previstas”. En lo que también coinciden las fuentes es que estos encuentros bilaterales ya han confirmado las dificultades para pactar la reforma, y no solo en los cuatro artículos que provocaron la pasada legislatura el naufragio de la misma. Todos admiten que han surgido nuevos escollos tras el cuestionamiento por parte de algunos grupos de puntos que otros daban por acordados desde la negociación fallida de 2023. “Si reabrimos cosas que estaban cerradas, tenemos un problema”, se lamenta un diputado.En este sentido, varios grupos señalan al PNV, partido que estuvo alineado con el Gobierno para intentar reformar la norma en la legislatura pasada (entonces la proposición de ley fue promovida por los propios nacionalistas vascos) y que en esta ha estampado su firma en el acuerdo para retomarla. Pese a ello, ha presentado 28 enmiendas, entre ellas algunas a artículos que otras formaciones consideraban ya acordados. Fuentes del PNV insisten en que no se han movido de su postura. “Defendemos nuestros enmiendas, que vienen además del amplio acuerdo que se logró en la pasada legislatura y que la inflexibilidad de Bildu y ERC truncaron”, recalcan. No opinan igual otros partidos, que creen que los nacionalistas vacos sí han endurecido su postura, aunque lo achacan más a una cuestión de rivalidad política con EH Bildu, que ha acaparado protagonismo tras su acuerdo con los socialistas y Sumar, que a una verdadera oposición insalvable al proyecto.Algo parecido, añade una de estas fuentes, ocurre con Junts, a quien consideran “condicionado” por la situación política en Cataluña y su rivalidad con ERC. La formación de Carles Puigdemont ya participó en las negociaciones de la legislatura pasada para reformar la ley mordaza, pero en aquella ocasión la mayoría que sustentaba al Gobierno era más sólida y su voto no era imprescindible. Ahora sí lo es y, como admiten fuentes de su grupo parlamentario, van a hacer valer esta circunstancia. Junts recalca en que las 17 enmiendas que han presentado “son razonables”. Por su parte, Podemos insiste en mantener la posición que defendieron sus representantes durante los plenos de octubre y diciembre: “Pedir la derogación de la ley, incluyendo el fin de las pelotas de goma y de las devoluciones en caliente”. El voto de sus cuatro diputados también es necesario y varias fuentes consideran que en este momento su sentido final es “impredecible”.Fuentes del PSOE admiten que aprobar el proyecto no será fácil, pero muestran su confianza en poder sacarlo adelante gracias a los “muy importantes” avances que se consiguieron en la legislatura anterior y al acuerdo de octubre con EH Bildu, que consideran “un nuevo empujón”. Sumar, que tanto la legislatura pasada ―cuando el grupo parlamentario era Unidas Podemos― como ahora intenta acercar posiciones entre grupos, advierte que de no llegarse a acuerdos ahora se puede desperdiciar “la última oportunidad de acabar con los puntos más lesivos de esta ley del PP”. Para la formación que lidera Yolanda Díaz, que ya en mayo del año pasado presentaron una proposición de ley para reactivar la reforma, “llegar al 1 de julio [cuando se cumple el décimo aniversario de su entrada en vigor] sin cambiar la ley mordaza sería ignominioso y algunos partidos tendría que explicar por qué han antepuesto sus intereses políticos a los del conjunto de la sociedad”.
