Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english Cuando, en 2022, se debatía en el Congreso la aprobación de la ley de memoria democrática, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, citó a toda prisa a asociaciones de víctimas del terrorismo. ”Nos llegó un wasap”, relató Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, “convocándonos prácticamente de un día para otro a una reunión en el Congreso, sin orden del día ni nada. Me extrañó mucho. Luego ya me enteré de que era para utilizar a las víctimas de ETA, para enfrentarnos con las víctimas del franquismo mientras se debatía la ley de memoria democrática. Y entré en cólera. Usar a unas víctimas contra otras es caer muy bajo”. Este miércoles, mientras Pedro Sánchez presidía el primero de los actos por el 50º aniversario de la muerte de Franco, Feijóo se desplazó a los pueblos valencianos afectados por la dana. La visita no estaba incluida en la agenda que el día anterior el PP distribuyó a los medios de comunicación. “Sánchez, con Franco; Feijóo, con los valencianos”, se leía en el comunicado que sí difundió el partido por la mañana. La llamada memoria histórica o democrática ha incomodado siempre al PP, que endureció su postura tras la aparición de un competidor por la derecha, Vox, que ha convertido la batalla contra la legislación en la materia en una de sus banderas. Los diferentes tonos en la respuesta al centenar de actos preparados por el Gobierno con motivo del 50º aniversario de la muerte de Franco vuelven a ponerlo de manifiesto: de la burla a la hipérbole. Mientras el líder del partido y los portavoces oficiales adoptan la tesis de “la cortina de humo” ―es decir, criticar el motivo por el que a su juicio se convocan esos actos más que los actos en sí―, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusa a Sánchez de querer llevar “la violencia a las calles” y la exportavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo ―cesada por Pablo Casado y recuperada por Feijóo― promueve un manifiesto donde habla de “guerracivilismo”.“Cayetana va por su cuenta”, sentencian fuentes de la dirección nacional del PP. En el seno del partido hay quien advierte del peligro de caer en la “trampa” con el “debate abierto” sobre si han de secundar o no los actos. “Todo lo que está haciendo Sánchez en relación a Franco es para molestar al PP”, señala un líder territorial popular. Fuentes del gabinete de Feijóo apuntan: “Es la búsqueda de que Franco movilice al electorado defraudado con el PSOE”. “¿Cuál es el riesgo?”, se preguntan otras fuentes de la ejecutiva. “Que Abascal diga que con Franco no se vivía tan mal”, se responden.La primera vez que se promovió en el Congreso la condena del golpe de Estado de 1936 fue en septiembre de 1999 y entonces el PP se opuso al considerar una “simplificación y reducción histórica” señalar como única causa de la Guerra Civil la sublevación franquista. Fueron los únicos que votaron en contra de la proposición. En 2002, precisamente en el 27º aniversario de la muerte de Franco, siendo presidente del Gobierno José María Aznar, los populares sí apoyaron, tras una ardua negociación en el Congreso, una resolución que decía: “Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad”. El texto también incluía el “reconocimiento moral a las víctimas de la Guerra Civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista”. En 2007, sin embargo, Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y entonces eurodiputado, rechazó esa condena: “¿Cómo voy a condenar lo que, sin duda, representaba a un sector muy amplio de españoles?”. Ángel Acebes no lo desautorizó: “Traer a la actualidad el dolor del enfrentamiento que supuso la Guerra Civil entre españoles no aporta nada bueno”, dijo. En noviembre de 2018, en el Senado, el PP se abstuvo en la votación de una iniciativa que condenaba “rotundamente” el franquismo, así como “cualquier acto de exaltación del mismo” en una moción del PSOE que respaldaba al Gobierno en la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Los populares también votaron en contra de las dos leyes estatales de memoria, la de 2007 y la de 2022, con el argumento de que suponen un ataque a la Transición ―pese a que en la exposición de motivos de ambos textos se alaba ese periodo― y a la Constitución ―AP, la marca previa al PP, se dividió a la hora de votar la ley fundamental en 1978: de sus 16 diputados, ocho votaron a favor; cinco en contra y tres se abstuvieron―, pero permitieron o incluso promovieron normativas regionales en la materia hasta que Vox les obligó a derogarlas. Rajoy mantuvo la ley de 2007 en los años que estuvo en el poder, aunque se jactó públicamente de dejar su financiación a cero. Alcaldes y dirigentes provinciales del PP también se han acercado a las fosas comunes del franquismo para celebrar con los familiares de las víctimas la recuperación de restos, pero la irrupción de Vox ha endurecido el discurso nacional del partido sobre la materia. Hoy se autoexcluyen de una batería de actos, exposiciones, conferencias… por el 50º aniversario de la muerte del dictador, pese a que el Rey sí participará en algunos de ellos.
