Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english Tras analizar las cuentas de los partidos que concurrieron a las últimas elecciones generales, en julio de 2023, el Tribunal de Cuentas ha propuesto al Ministerio del Interior que recorte las subvenciones concedidas para aquellos comicios a seis partidos, por observar irregularidades o deficiencias en su justificación económica. De esas formaciones, destaca por la cuantía Junts, con una reducción de 178.508,41 euros. La cantidad equivale a un 10% de la suma que el partido de Carles Puigdemont pagó a sus proveedores después del plazo de 90 días de rigor, un retraso que sanciona la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).Estas propuestas de recorte de subvenciones se dirigen a Interior acerca de aquellos partidos políticos que han incurrido en determinados incumplimientos de la normativa electoral y los criterios del órgano fiscalizador. La exigencia de pagar antes de 90 días deriva el artículo 125.3 de la LOREG, que estipula que “terminada la campaña electoral, sólo se podrá disponer de los saldos de estas cuentas para pagar, en los noventa días siguientes al de la votación, gastos electorales previamente contraídos”.El Tribunal también plantea en su informe que Interior recorte las subvenciones concedidas para ese 2023 y por el mismo motivo que a Junts a Unión del Pueblo Navarro (por importe de 11.261,46 euros ) y Sumar (7.418,86). El siguiente en la lista es el PSOE (7.139,98), pero en este caso el Tribunal le afea haber destinado gastos no autorizados para contratar espacios publicitarios en televisiones privadas (como sanciona el artículo 60 de la LOREG) por importe de 3.499,74 euros. La petición de recorte asciende al doble de esa cantidad, a la que suma otros 140,50 euros, un recorte específico por haber pagado pasado el plazo.A Vox, el Tribunal recomienda mermar la subvención en 3.915,70 euros. De ellos, 1.414 por usar recursos cuya procedencia vulnera la prohibición establecida en el artículo 128 de la LOREG (no puede recibirse dinero de cuentas de cualquier organismo o entidad del sector público, ni de empresas que prestan servicios a la Administración, ni procedente de entidades extranjeras) y el resto por pagar tarde a proveedores. Por último, para el PSC se acuerda pedir un recorte de solo 54,85, por pasarse del plazo y también por hacer algún pago desde cuentas bancarias no específicas para las elecciones.Para la convocatoria de julio de 2023, el Tribunal de Cuentas ha analizado los números de 16 formaciones, que recibieron en total 56,8 millones de euros y gastaron 58,1 en aquellos comicios. Ninguna formación superó los límites máximos de gastos, y todas disponían, como procede, de una cuenta electoral específica. Además de las seis excedieron el plazo legal para pagar a sus proveedores, también seis tuvieron un exceso de facturación en sobres y papeletas con respecto a los envíos justificados.El órgano fiscaliza las cuentas para analizar el cumplimiento de la normativa en materia de ingresos y gastos electorales, y también para examinar la regularidad de las contabilidades electorales presentadas por las formaciones políticas. Todas ellas, destaca el Tribunal, remitieron en plazo sus libros de cuentas.
