Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que practique nuevas diligencias sobre el teléfono del máximo responsable del ministerio público. La decisión del juez se produce después de que los agentes de la UCO entregasen el pasado jueves en el alto tribunal un informe sobre el terminal de García Ortiz en el que señalaban que no habían encontrado ningún mensaje enviado ni recibido por Álvaro García Ortiz desde su teléfono entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, el plazo fijado por el magistrado para el análisis.En concreto, Hurtado reclama a los agentes de la Guardia Civil que le faciliten los “números de teléfono e IMSI [número único que se adjunta a una tarjeta SIM]/IMEI [identificador único que se utiliza para identificar un terminal] asociados de las tarjetas de los dispositivos móviles que figuran en el acta de la diligencia de entrada y registro practicada el 30 de octubre en el despacho de Álvaro García Ortiz, así como la titularidad asociada a estos números de teléfono”.El juez no explica en su escrito qué es lo que pretende comprobar con estas diligencias. Fuentes jurídicas consultadas tampoco aclaran cuál es la intención del instructor, pero otras fuentes del caso consideran que Hurtado pretende saber si el terminal y la tarjeta SIM cuyo contenido volcó la UCO el pasado 30 de octubre durante el registro del despacho del fiscal general son los mismos con los que García Ortiz mandó mensajes a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la noche del 13 de marzo. Tanto García Ortiz como Rodríguez están imputados por la supuesta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso (PP), con información confidencial de este, y que acabo siendo publicado por varios medios de comunicación. En ese correo, González Amador admitía haber cometido un delito de fraude fiscal y proponía un acuerdo a la Fiscalía para evitarse una pena de cárcel.Tras conocerse el pasado jueves que la UCO no había encontrado ningún mensaje de Whatsapp, sobre ningún asunto, enviado ni recibido por el fiscal general entre el 8 y el 14 de octubre, fuentes del entorno de la Fiscalía alegaron que García Ortiz había cambiado de móvil recientemente y que el anterior había sido formateado, borrando todo su contenido. Esa operación, aseguraron estas fuentes, se había hecho en cumplimiento de una instrucción en materia de protección de datos dictada en 2019 y de una guía difundida por el delegado de protección de datos de la Fiscalía en 2022. Este documento insta al “formateado de los equipos informáticos una vez sean devueltos por su usuario” y a “no almacenar indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico” y “eliminar los mismos una vez dejen de ser necesarios, asegurándose de que no queden residentes en la papelera”.Pero, aunque en el teléfono de García Ortiz no haya mensajes de esos días, los investigadores tienen constancia de que el fiscal general sí intercambió whatsapps sobre la causa del novio de Ayuso en esas fechas con la fiscal jefa provincial porque los pudo leer en el móvil de esta, que también fue clonado por la Guardia Civil. El informe de la UCO sobre el teléfono de Rodríguez, hecho público el pasado noviembre, incluye varios pantallazos de mensajes intercambiados entre ella y el fiscal general. Entre esos mensajes hay varias conversaciones de la noche del 13 de marzo, que es cuando se conoció la existencia del correo remitido a la Fiscalía por el abogado de la pareja de Ayuso. El Ministerio Público decidió elaborar una nota de prensa, que se publicó al día siguiente, para desmentir la versión del entorno de la presidenta madrileña, que había filtrado a algunos medios la falsa noticia de que el acuerdo lo había propuesto la Fiscalía, no el propio González Amador.Una de las acusaciones personadas en el caso, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha presentado este lunes un escrito en el Supremo en el que consideran necesario averiguar si García Ortiz “ha cambiado de terminal móvil” desde el 13 de marzo y “los IMEI afectados”, ante la sospecha de que la Guardia Civil haya podido “peritar un teléfono que no fuera usado por el investigado el día 13-14 de marzo”. La decisión del instructor de solicitar esos datos a la Guardia Civil ha llegado después de que este escrito fuera registrado, aunque el juez no alude al mismo en su resolución.
