Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english El Grupo Parlamentario socialista ha registrado este viernes en el Congreso la “proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”, que pretende limitar la acusación popular para que no puedan ejercerla partidos políticos y asociaciones y fundaciones vinculadas a ellos; así como prohibir la admisión de denuncias basadas “en meras hipótesis sin un mínimo fundamento de credibilidad, o en informaciones periodísticas o contenidas en cualquier medio o canal de comunicación o difusión sin otros datos o elementos fácticos que sirvan para acreditar indiciariamente los hechos denunciados”. La propuesta, adelantada por la Cadena SER, se registra después de la apertura de una investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a raíz de una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa y de otra del mismo grupo ultra contra el hermano de Pedro Sánchez. “Excepcionalmente”, añade el texto, “se admitirán cuando reflejen hechos no contrastados, pero de conocimiento general o declaraciones efectuadas de modo libre y espontáneo por la persona sospechosa en relación con el objeto de la investigación, o declaraciones de personalidades u organizaciones políticas que no han sido desmentidas ni cuestionadas en el proceso”.De salir adelante la proposición de ley, tampoco podrían ejercer la acusación popular el Gobierno central y los autonómicos; el Congreso, el Senado y las asambleas regionales; los jueces y fiscales y sus asociaciones profesionales; el Tribunal Constitucional, el Consejo General y los demás órganos de gobierno del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. El texto de la propuesta establece que “quienes pretendan ejercitar la acción popular deberán actuar en virtud de un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal” y que deberán “acreditar ante la autoridad judicial”. El PSOE, que impulsa esta proposición, ha solicitado personarse como acusación popular en la causa contra Alvise Pérez por financiación ilegal y en la causa del caso Koldo y de los hidrocarburos. Tradicionalmente, los socialistas se han personado en los casos que afectaban al PP, como Gürtel, Púnica o González Amador (pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso) y los populares han hecho lo propio en las causas vinculadas al PSOE, como los ERE de Andalucía.La norma que los socialistas pretenden aprobar obligaría a modificar el Código Penal, para derogar su artículo 525, que establece penas de multa de ocho a 12 meses para quienes ofendan lo sentimientos religiosos; y a modificar varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así, se establecerían como causas de abstención o recusación que un juez haya hecho manifestaciones políticas a favor o en contra de autoridades, funcionarios, partidos, sindicatos o asociaciones que sean parte del procedimiento. “Confiamos en el sistema judicial español, en los jueces de este país”, ha dicho este viernes el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López. “Lo que hacemos es garantizar su prestigio y neutralidad frente a injerencias y esperamos que lo vean con buenos ojos”, ha añadido, y en el caso de la prohibición de admitir querellas basadas en recortes de prensa, “llevar a la ley lo que ya es doctrina del Tribunal Supremo”. A juicio del PSOE, existe ya una “sensibilidad social mayoritaria” sobre el problema de “acoso, persecución y difamación sistemática de artistas, actores y adversarios políticos por parte de sectores de ultraderecha que, pervirtiendo las herramientas del Estado de derecho, utilizan acciones judiciales como vehículo” y sobre la necesidad de “atajarlo”. El portavoz del PSOE no citó a la esposa del presidente, pero sí a los presentadores Gran Wyoming, Dani Mateo y Lalachus, denunciados por ofensa a los sentimientos religiosos. Aclaró que ese delito que se pretende eliminar del Código Penal apenas registra condenas, pero somete a los denunciados a “procesos penales costosos a nivel económico y personal” y que, en todo caso, la supresión de ese artículo no despenaliza el ataque o acoso por motivos religiosos, previsto en el delito de injurias, que se aliente a la violencia contra los católicos, previsto en los delitos de odio, o que se atente contra la libertad religiosa, ya que seguiría vigente el artículo 522 del Código Penal.López confió en lograr “una gran mayoría” para sacar adelante la proposición, pese a que, de momento, por el parón navideño, únicamente se han “mensajeado” con otros grupos. La fórmula elegida para presentar esta propuesta evita los informes previos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, y, en caso de no contar con los apoyos suficientes, impediría la derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, incluida dentro del paquete de medidas. El que ya ha manifestado su profundo rechazo es el PP, informa Virginia Martínez. “Que el día en que Nicolás Maduro pretende perpetuarse en el poder en contra de la ley, el Gobierno de España esté impulsando el control y el amedrentamiento de los jueces es bastante simbólico”, afirman fuentes del partido. “Esta medida es un paso más en su estrategia de laminar al poder judicial. El PSOE no quiere combatir la corrupción, sino a quienes la denunciamos”.El PP, sin embargo, ya se mostró partidario en el pasado de prohibir que los partidos políticos pudieran ejercer la acusación popular y así se lo propuso a Ciudadanos cuando, en 2017, negociaban el pacto de investidura en la región de Murcia. En términos muy parecidos a los que ha utilizado este viernes el socialista Patxi López, portavoces populares abogaron en aquel momento por cerrar esa vía para evitar que las formaciones pudieran “denunciar a sus adversarios políticos para ganar en los tribunales lo que no han conseguido en las urnas”.
