Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english El nuevo decreto ómnibus mantiene intacta la parte del denominado escudo social destinada a vivienda y añade “medidas para garantizar el cobro del alquiler por los propietarios”, según ha celebrado Junts tras dar a conocer el acuerdo alcanzado con el Gobierno. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha enmarcado esas nuevas medidas en una de las promesas que hizo el pasado 13 de enero al presentar una batería de iniciativas sobre vivienda: la creación de un sistema de avales públicos al alquiler.Este sistema, que según fuentes del Gobierno habrá que desarrollar en un reglamento y llevará unos seis meses poner en marcha, es una posibilidad que ya contempla el actual Plan Estatal de Vivienda y que se sumará a iniciativas similares que ya puedan estar en marcha. Las mismas fuentes destacan que serán estas las que los gestionen, ya que se tratará de una “financiación finalista” cuya cuantía no está definida.La idea inicial del Ejecutivo es que el aval contemple varios requisitos, tanto desde el punto de vista del inquilino como del propietario de la casa. Del primero, que sea menor de 35 años y “que sea una persona vulnerable de acuerdo con los criterios establecidos”. A los caseros se les exigirá que la renta de alquiler se sitúe dentro de los parámetros que establece el índice estatal de referencia de precios.Con esos requisitos, el Estado garantizará tanto el pago de la renta como la restitución de la vivienda al propietario. Se trataba de un asunto sensible para la formaciones nacionalistas de derechas. Además de Junts, el PNV ha saludado que “el Estado sea quien asuma las consecuencias de los impagos por la inquiokupación”, en alusión a los arrendatarios que dejan de pagar el alquiler pero se quedan en la casa por los motivos que sea.Para la izquierda, la línea roja era recuperar las medidas vigentes hasta que el anterior decreto ómnibus fue rechazado en el Congreso. Como al final se superpondrán las iniciativas anteriores y las nuevas, la parte socialista del Ejecutivo interpreta que, tras el acuerdo con Junts, “se refuerza el escudo social”. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ha pronunciado en términos similares al declararse “muy satisfecho” por recuperar “en su totalidad” ese bloque de medidas.Puesto en marcha durante las primeras semanas de la pandemia, y prorrogado con alguna modificación desde entonces, el escudo social contempla a grandes rasgos dos baterías de medidas relacionadas por la vivienda. La primera es la prohibición del corte de suministros (gas, luz, agua…) a familias vulnerables en caso de impago. La segunda es la paralización de los desahucios, también vinculada a supuestos de vulnerabilidad.Estas últimas son las que más controversia política han levantado, casi desde que se pusieron en marcha. Especialmente cuando se extendieron a algunos supuestos penales (los desahucios pueden seguir la vía civil o la penal) dando amparo a ocupaciones en precario (personas que no tienen un título habilitante para residir en una casa). En cualquier caso, estos supuestos solo se aplican en casos de extrema vulnerabilidad, cuando hay violencia de género, menores u otras personas dependientes en el hogar.La decisión final sobre la paralización de un desahucio corresponde a un juzgado. Y las medidas incluyen desde hace años la posibilidad de que el propietario afectado exija una compensación que debe pagar la comunidad autónoma, ya que tienen transferidas las competencias en vivienda. En adelante, cuando el Ejecutivo lo tenga listo, también serán estas las que deberán gestionar el futuro sistema de avales para inquilinos jóvenes.
