Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english Ha ocurrido este jueves en el Congreso, durante un debate para convalidar casi unánimemente un nuevo decreto de 3.765 millones de euros en ayudas para la reconstrucción de los municipios valencianos afectados por la dana del 29 de octubre. Y pareció un oasis de buen tono y educada discusión parlamentaria en medio de esta etapa de borrascosa confrontación política diaria. El decreto ha sido ratificado con 312 votos a favor y solo los 33 noes de Vox, pero lo más novedoso ha sido la inusual discusión constructiva que mantuvieron el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el portavoz del PP en la materia, Juan Bravo. Los dos se vieron abocados a destacar y agradecerse mutuamente esa actitud colaborativa ante la gravedad de la situación. Vendrán nuevos decretos con la misma finalidad. La única voz muy discordante fue la del representante de Vox, José María Figaredo, que acusó al Gobierno del PSOE de ser el “culpable de los muertos” en Valencia.El pleno validó así el segundo decreto ley del Gobierno para ayudar a los afectados por la dana —que incluye 110 medidas por un importe de 3.765 millones de euros— con el apoyo de todos los grupos de la Cámara menos Vox, que además quiso romper ostensiblemente el clima de acuerdo ante un desastre tan excepcional. El propio ministro Bolaños accedió a la tribuna al final del debate para agradecer esa buena disposición general y señalar la única excepción de los extremistas de Vox, a los que reprendió por sus “insultos y amenazas”. Bolaños incidió más en los beneficios del decreto para más de 100.000 hogares, 30.000 empresas y 400.000 trabajadores y en medidas como las ayudas por daños a viviendas alquiladas, la compensación por pérdida de enseres y la prohibición de los cortes de energía a los hogares afectados.El diputado ultra José María Figaredo comenzó señalando que el presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, su exsocio en esa comunidad, había actuado negligentemente y demostrado una “incapacidad manifiesta”, pero enfatizó a continuación que mucho peor y más responsable había sido el Gobierno central de Pedro Sánchez, por haberse quedado “cruzado de brazos por mero cálculo político”. Y fue ahí cuando lanzó la acusación más grave que indignó a Bolaños: “El PSOE es culpable de los muertos que hoy tenemos en Valencia, porque ustedes vieron infraestructuras que eran necesarias y decidieron voluntariamente, sabiendo el riesgo que asumían, no hacer absolutamente nada”, dijo Figaredo. Fue un paréntesis que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, resolvió eliminando de las actas las palabras más malsonantes.La mayoría de los demás portavoces aprovecharon sus intervenciones para reafirmar su disposición a colaborar para paliar el desastre y algunos, y especialmente la portavoz de Compromís, Angela Micó, apuntaron directamente a la irresponsabilidad en toda la gestión del popular Mazón. Micó señaló que la Generalitat valenciana está concediendo contratos a empresas relacionadas con casos de corrupción del PP.El portavoz del PP, Juan Bravo, ya avisó desde el inicio de que no pensaba enredarse en reproches: formuló una exposición dura y crítica sobre la labor del Gobierno central, pero más sobre los tiempos de ejecución de las medidas de reconstrucción que sobre la utilidad de lo aprobado. El vicesecretario de Economía del PP planteó algunas propuestas a discutir con el Ejecutivo, como que la Agencia Tributaria ingrese las ayudas de forma directa a todos los afectados, como ya se ha hecho con los 30.000 euros que han recibido las entidades sin ánimo de lucro que gestionan centros y refugios de protección animal. Bravo se quejó de que esas ayudas “44 días después no llegan” por “una burocracia que nos puede matar”, y Bolaños le reclamó en ese punto más rigor porque, dijo, muchas sí están siendo ya abonadas.Bravo terminó su exposición sin ningún insulto ni alusión a casos de corrupción, algo poco habitual últimamente, y ofreció al ministro el apoyo del PP a futuros decretos de ayuda y también “trabajar para construir un proyecto que signifique futuro entre el Gobierno, la oposición, la Generalitat, los ayuntamientos y el sector privado, para asegurar 10 años de proyecto, al margen de quién esté en el poder”.
