Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english La asociación Defiéndete en derecho lanzó el pasado 20 de febrero una recogida de firmas en solidaridad con Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado al que se le ha abierto una causa en el Tribunal Supremo en democracia. A García Ortiz se le acusa de un delito de revelación de secretos por filtrar, presuntamente, un correo electrónico de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía haber cometido dos delitos fiscales. Esta asociación, por medio de esta recogida de firmas, quiere trasladar el apoyo al fiscal general del Estado y desearle “perseverancia y continuidad en el desempeño de sus funciones”.El manifiesto, que ya apoyan más de 9.000 personas, refiere que no se comprende “cómo un secreto revelado en primer lugar por un obligado tributario pueda dar lugar a la investigación de una supuesta filtración de algo que, tras esa revelación del propio interesado, había dejado de ser secreto” cuando el obligado tributario, Alberto González Amador, es quien comunica primero una supuesta negociación con la fiscalía ante la potencial imputación de un delito que reconoce haber cometido. “Resulta difícil comprender que todo ello pueda transformarse en una imputación al máximo representante de la Fiscalía General del Estado por haber desmentido determinadas informaciones falsas sobre el secreto revelado precisamente por el contribuyente afectado por esa investigación”, apunta el texto.El escrito de Defiéndete en derecho hace referencia a las presiones mediáticas y políticas para forzar la dimisión de García Ortiz, pues suponen que transforma “la mera defensa de la verdad en un galimatías procesal impropio del principio esencial del derecho penal, que no puede ser otro que la búsqueda material de la verdad”. Y aborda la “politización y paralización de órganos e instituciones esenciales para la administración de justicia, así como una abusiva utilización de los tribunales en cuestiones propias del ámbito político”, se muestran preocupados por esta circunstancia y advierten de que “puede conducir a situaciones en las que cualquiera se puede llegar a ver, no solo concernido, sino implicado”.Más de 9.000 firmasDesde su lanzamiento, el manifiesto ha recibido el apoyo de 9.020 firmantes, que han refrendado el texto tanto en la plataforma Change.org —donde ya han paralizado la recogida de nombres— como en su página web, donde sí sigue abierta la posibilidad de inscribirse. El texto ha recibido el apoyo de 146 miembros de la judicatura entre los que se encuentra Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo, que tilda este manifiesto como “necesario” e indica que “hay momentos en los que no basta con comprender unas situaciones, sino que hay que comprometerse”. Considera que la apertura de la causa contra el fiscal general, “respetando la solución”, fue “un total despropósito”, que la tramitación adolece de desproporción “y donde hay desproporción, no hay justicia”, apunta. La justicia, según este magistrado, “es ponderación, es equilibrio, es lo contrario a la desmesura, y la tramitación [del caso del fiscal general] adolece de una clarísima desmesura”.También forman parte de la lista de firmantes el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el abogado y diplomático Emilio Menéndez del Valle o el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que se suman a los más de 140 artistas, directores de artes escénicas y editores como Ángeles Aguilera, Mario Gas, José Carlos Plaza, Vicky Peña o Carme Portaceli, directora artística del Teatro Nacional de Cataluña, que firmó el manifiesto porque cree que la situación que atraviesa el fiscal general “es una injusticia y una arbitrariedad”. Además, el texto lo refrendan decenas de administrativos, técnicos, funcionarios, trabajadores de la hostelería, el comercio, amas de casa, periodistas como Félix Santos o Rosa María Artal, catedráticos y economistas como el que fuera rector de la Universidad Complutense de Madrid entre 2003 y 2011, Carlos Berzosa, que defiende que en el manifiesto participen miembros de toda la sociedad civil, no solo juristas: “Somos ciudadanos, no somos analfabetos, entendemos muy bien las argumentaciones jurídicas y no jurídicas y a mí me gusta que las cosas se argumenten bien”, indica, y cita el artículo que Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito del Tribunal Supremo, publicó en EL PAÍS. Su texto, dice Berzosa, le ayudó a “tener la base sólida para pensar que no había caso”, en la investigación abierta al fiscal.La asociación se constituyó el pasado 6 de agosto con el fin de defender el Estado de derecho en España y sus garantías jurídico-constitucionales y tras la preocupación de que decenas de personas procedentes de diferentes sectores de la sociedad civil sienten por la “deriva prolongada de la justicia que afecta a la confianza y la credibilidad de uno de los pilares básicos del Estado de derecho”. El secretario de la junta directiva de la asociación, Jesús Morón, afirma que lanzaron Defiéndete en derecho por la “preocupación que existe en la sociedad civil ante tantos casos y las intervenciones judiciales no entendibles que hay abiertas contra muchísima gente y que tienen implicaciones políticas y sociales que afectan a la credibilidad de la justicia”. Morón indica que la asociación será “proactiva” y que en el futuro abrirá otros debates relativos al funcionamiento de la justicia como la situación en el Consejo General del Poder Judicial.
