Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english El Parlamento de Baleares ha vivido este martes una jornada vertiginosa. A primera hora de la mañana, el PP ha alcanzado un acuerdo con los grupos de la izquierda y nacionalistas para mantener la Ley de Memoria Democrática, cuya derogación se iba a votar a lo largo de la sesión. A cambio, el PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos se han comprometido a ayudar a los populares a tumbar 34 enmiendas de Vox a la ley de Simplificación Administrativa. Esas enmiendas, que el PP había apoyado por error durante una votación en la Cámara autonómica hace dos semanas, incluían, por ejemplo, la autorización para construir en zonas protegidas, la eliminación del catalán como requisito para acceder a la función pública o la supresión del catalán como lengua habitual en las comunicaciones y procedimientos administrativos del ámbito educativo.Tras salvar los muebles y garantizarse el apoyo de la izquierda para corregir ese error en la votación de las enmiendas, que Vox no aceptó que se rectificara en su día, la presidenta del gobierno balear, Marga Prohens (PP), ha asumido que los puentes con el partido de Santiago Abascal están rotos y ha anunciado la retirada del proyecto de Presupuestos para 2025, ante la falta de apoyos necesarios para sacarlos adelante. “En vista de que no se dan las condiciones en estos momentos para negociar y aprobar los Presupuestos, anuncio que el Gobierno hoy mismo retirará el proyecto” ha dicho Prohens, que gobierna en solitario pero fue investida en 2023 gracias a un pacto programático con Vox. Los ultras habían condicionado su apoyo a las cuentas autonómicas a que el catalán dejase de ser la lengua habitual en las comunicaciones administrativas en la enseñanza, una de las “líneas rojas” que Prohens aseguró que no estaba dispuesta a traspasar. A primera hora de la mañana, Vox había anunciado que el PP les había ofrecido modificar su política lingüística a cambio del apoyo a los Presupuestos, un extremo que el PP ha negado rotundamente.La grieta en las relaciones entre el PP y Vox en Baleares, ya de por sí complicadas, comenzó a ahondarse hace dos semanas. El Parlamento llevaba a debate la ley de Simplificación Administrativa, una normativa que, entre otros aspectos, recoge la regulación sobre la construcción en zonas inundables y de riesgo de incendio. El texto llegó a la Cámara autonómica partiendo de un decreto aprobado en pasado mayo y que permite la construcción de viviendas en zonas inundables. El PP cambió de opinión sobre este extremo tras la catástrofe de Valencia, pero para cambiar el texto de la ley era necesario contar con el visto bueno de todo el arco parlamentario. Tras intentar negociar cambios con la oposición, los populares plantearon enmendar la ley una vez estuviera aprobada, con el objetivo de prohibir la construcción en zonas inundables y tan solo autorizar la ejecución de obras para minimizar los riesgos en estas viviendas, sin permitir su legalización.El texto de la ley se sometió a debate y, en el momento de votar las enmiendas que Vox había presentado al texto, la bancada del PP dio su voto afirmativo. Tras darse cuenta del error los populares reclamaron repetir la votación, algo a lo que Vox se negó en redondo. El portavoz popular, Sebastià Sagreras, afirmó que el voto del PP había sido fruto de un error humano, reclamó a Vox “juego limpio” y anunció que se aprobaría un decreto para derogar las 34 enmiendas de la extrema derecha, confiando en que los ultras lo avalarían. Sin embargo, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, se mostró “sorprendida” y afirmó que las enmiendas eran una respuesta al “cambio real que han pedido los ciudadanos”, dando a entender que no pensaban apoyar un cambio en el paquete aprobado.La actitud de Vox sentó muy mal en las filas del Gobierno de Prohens, y la relación siguió empeorando cuando los ultras tumbaron también el proyecto de ley de los Presupuestos de 2025 en la comisión parlamentaria. Al día siguiente, Manuela Cañadas dio por rotas las negociaciones con los populares al considerar que los diputados de Vox habían sido “engañados”. “Nos sentimos traicionados” dijo Cañadas, que insistió en que la intención de los populares era incluir algunas de sus enmiendas en los Presupuestos pero sin dotación económica. En paralelo, la dirección nacional de la formación ultra también anunció que rompía con el PP todas las negociaciones de Presupuestos de las comunidades en las que era necesario su apoyo, en este caso por el supuesto acercamiento del PP al PSOE en política migratoria. Con la relación rota con Vox, el PP de Baleares perdía la posibilidad de derogar las 34 enmiendas de los ultras y tenía muy complicado sacar adelante las cuentas autonómicas.Con estos mimbres, los populares comenzaron el acercamiento con la izquierda. Esta mañana, el acuerdo se ha materializado y la izquierda apoyará la retirada de esas enmiendas de Vox a cambio de que el PP mantenga en vigor la Ley de Memoria Democrática, cuya derogación se iba a someter a votación hoy mismo. Finalmente, el punto ha sido retirado del orden del día y se debatirá el jueves que viene. “La democracia de estas islas ha ganado, han ganado las asociaciones de la memoria democrática. Un acuerdo que demuestra que la oposición ha estado a la altura” ha dicho el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela.
