Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english La Fiscalía Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional que impute al eurodiputado Luis Pérez Fernández, alias Alvise, “por financiación ilegal de partido político”, según ha adelantado en la tarde de este lunes la SER y han confirmado fuentes de Anticorrupción. Alvise tenía una causa abierta en la Audiencia Nacional, abierta por el juez instructor José Luis Calama, por financiación ilegal del partido que dirige, Se Acabó La Fiesta (SALF). El escándalo saltó tras una denuncia del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, que confesó la entrega de 100.000 euros en efectivo a Alvise en plena campaña para las elecciones europeas. El juez citó al denunciado a declarar el pasado 20 de noviembre, pero este se negó a acudir. De cualquier forma, Alvise no estaba obligado a comparecer dada su condición de aforado ante el Tribunal Supremo. El juez Calama se pronunciará en breve al respecto.Anticorrupción ha presentado un informe este lunes en el que considera que existen indicios sólidos y bien apuntalados de que el eurodiputado recibió ese dinero de Romillo a cambio de “favores futuros”, como cambiar la legislación para que este empresario se beneficiase: “Las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de Gobierno con Feijóo y con Abascal y esto significa que yo, en un posible acuerdo de Gobierno, puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativa a Bitcoin, etcétera”, le dijo a Romillo, según consta en un audio que ambos se intercambiaron.Romillo, que sí declaró ante el juez, afirma que no hubo un contrato entre ambos y Alvise nunca le dio a cambio del monto ningún servicio. Todo lo contrario a la versión del político, que difundió un vídeo después de que saliera el caso a la luz asegurando que los 100.000 euros los ganó por un “trabajo” y que lo cobró “sin factura” para evitar pagar impuestos: “El Estado me saquea más de la mitad”.La Ley de Financiación de Partidos prohíbe las donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros al año y establece que aquellas superiores a los 25.000 deben notificarse al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses tras su aceptación.La bola de nieve del caso Alvise comenzó a rodar en octubre, después de que el instructor Calama abriera una causa sobre la supuesta estafa piramidal cometida por Romillo a través de la plataforma de inversión Madeira Invest Club, calificada como “chiringuito financiero” por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Posteriormente, después de que la Fiscalía considerara que la Audiencia Nacional debía comenzar también las pesquisas sobre el pago de los 100.000 euros a Alvise, el magistrado dio luz verde a esta segunda línea de investigación sobre la financiación ilegal. Además, el instructor señaló que el eurodiputado podría haber actuado como “cooperador necesario” en la estafa del empresario. Calama no podía imputar al eurodiputado por su aforamiento, pero advirtió que, si brotaban indicios suficientes, elevaría la causa al alto tribunal.
