Se están cumpliendo 17 años desde que el gobierno local de Sada en Galicia inició la lucha contra el expolio patrimonial de la familia Franco durante la dictadura. En 2007, se reclamó que se declarase Bien de Interés Cultural (BIC) al pazo de Meirás y se abriese la finca a los vecinos. Este paso llevó a la devolución del predio al erario público 13 años después. Ahora, la siguiente propiedad en el punto de mira es la Casa Cornide en A Coruña, que también perteneció al régimen. A pesar de ser BIC, los Franco siguen sin permitir visitas ciudadanas, incumpliendo la ley.
La Casa Cornide es una mansión del siglo XVIII de incuestionable valor que fue declarada BIC en 2021. A pesar de esto, los Franco se niegan a cumplir la ley que exige que los bienes con esta catalogación se abran al público al menos cuatro días al mes. Presentaron alegaciones alegando que no tienen por qué permitir visitas porque es la vivienda habitual de uno de los propietarios, alegación que fue rechazada. La Xunta les ha enviado un requerimiento para que envíen un programa que permita las visitas, pero la resistencia del clan refleja la misma estrategia dilatoria que utilizaron con el pazo de Meirás.
El proceso para recuperar la Casa Cornide como patrimonio público se ha reactivado, con el pleno municipal de A Coruña aprobando por unanimidad la revisión de los acuerdos plenarios de 1962 que privatizaron el edificio para que acabara en manos de los Franco. Esta operación se considera fraudulenta, y se aprobó con la colaboración de políticos y empresarios locales de la dictadura. El gobierno local considera que la sesión en la que se adjudicó la mansión a los Franco fue nula por no respetar los plazos legales, y busca anular el procedimiento.
En el acta del pleno se detalla cómo la Casa Cornide fue vendida a Carmen Polo, esposa del dictador, como una de sus residencias privadas, y solo tres días después fue transferida a los Franco por un valor mucho menor al que Barrié de la Maza pagó por ella. La operación para privatizar la mansión careció de trámites esenciales, según el gobierno local, que busca anular también el acuerdo plenario que dio el visto bueno a la enajenación del edificio en 1962.
La oposición local, tanto el PP como el BNG, apoya los esfuerzos del gobierno local para recuperar la Casa Cornide como patrimonio público, aunque critican la lentitud en la ejecución de la estrategia. El Bloque considera que se debe presentar una demanda en los tribunales para que la reclamación tenga efectos legales sobre la titularidad de la propiedad. El gobierno local se defiende diciendo que se ha trabajado en coordinación con la Administración General del Estado para dar solidez jurídica a la reclamación y que se busca la acción más efectiva para recuperar la mansión.
