Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english Este miércoles, a eso de las 17.00, la distancia entre Madrid y Davos era muy superior a los 1.800 kilómetros que separan por carretera la capital española de la idílica estación de esquí de los Alpes suizos donde se reúne cada año todo el gran poder económico mundial. En España, la inquietud por la supervivencia del Gobierno era máxima en distintos sectores. La unión de PP, Vox y Junts acababa de tumbar un decreto ómnibus clave con la subida de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte público y amplio escudo social, además de algunas otras medidas pactadas con distintos grupos de la mayoría como la cesión al PNV de un edificio en París secuestrado por la Gestapo en 1940 al Gobierno vasco en el exilio. En Madrid, la mayoría que le hizo presidente parecía hecha añicos. Pero en Davos, Sánchez se reunía con la cúpula del Ibex 35 y nada en esa sala hacía pensar en un presidente con riesgo real de caer.Al contrario. Pocos días antes, el sábado, Sánchez había dado el golpe de mano más relevante en el mundo del poder económico de todo su mandato, al promover la salida de José María Álvarez Pallete como presidente de Telefónica y alentar, de forma pactada con otros grandes accionistas de la compañía como La Caixa y los saudíes de STC, el ascenso de Marc Murtra, un hombre de confianza del Gobierno que viene de presidir Indra, una empresa con casi un 30% de participación del Estado. Según varios dirigentes del Ibex 35 consultados, todos habían entendido ese mensaje de autoridad, que si algo demuestra es que Sánchez no está de salida. “Si la pregunta constante a la que nos enfrentamos es cuándo cae este Gobierno, creo que lo de Telefónica es una muestra evidente de que estamos tomando decisiones a largo plazo y aquí nadie está de salida. Vamos a agotar el mandato se pongan como se pongan”, admite un ministro. Otro señala que el movimiento es también una apuesta estratégica de defensa de las compañías españolas, que están relativamente baratas para grandes inversores internacionales como el fondo saudí, y de hecho en el decreto que se ha tumbado hay un escudo anti opas pensado para estos riesgos.Aunque algunos de esos dirigentes del Ibex 35 son críticos en privado con el movimiento en Telefónica, muy reprochado por el PP, nadie niega que el mensaje de autoridad ha sido muy claro. El mundo económico, no solo el político, lo ha entendido así, señalan los consultados. El PP, en especial José María Aznar, siempre usó la participación pública en algunas empresas estratégicas para colocar a personas de confianza en las cúpulas para vincular la estrategia de política económica con la empresarial y entrar también en el poder económico, cada vez más relevante y con derivadas también en el mediático. José Luis Rodríguez Zapatero, sin embargo, apenas lo hizo. Sánchez ha decidido dar ese mensaje claro, hasta el punto de que fue su persona de máxima confianza en asuntos económicos, Manuel de la Rocha, quien ejecutó la operación en una reunión en su despacho en La Moncloa en el que se anunció a Pallete que los principales accionistas allí reunidos, entre ellos el propio Gobierno, que tiene un 10% a través de la SEPI, habían decidido que no iba a renovar su mandato.“Durante muchos años, la izquierda ha asumido que a ella solo le toca disputar con la derecha el poder político, el legislativo y el Ejecutivo. Y que el poder judicial y el económico o incluso el mediático son cosas que corresponden a la derecha casi de forma natural, porque lo dominan desde siempre. El gesto en Telefónica, el acuerdo con todos los grupos de la mayoría para desbloquear la dirección de RTVE [en la que el PP ha quedado arrinconado con solo 4 de los 15 consejeros] o las reformas judiciales que estamos poniendo en marcha mandan un mensaje diferente. El poder político también puede influir en el económico, como se hace en casi todos los países del mundo, cuyos gobiernos están tomando posiciones en compañías estratégicas o reforzando los que ya tenían, y si el Gobierno es progresista la influencia va en esa línea. Y el mundo judicial también debe entender que hay jueces progresistas, y que también tienen derecho a mandar, a ocupar los principales centros de decisión”, resume un ministro.En este momento precisamente se está librando una batalla clave en el Consejo General del Poder Judicial en el que el bloque progresista intenta que una jueza de esta corriente, Ana Ferrer, se haga con la presidencia de la decisiva Sala de lo Penal que acaba de dejar después de 10 años el conservador Manuel Marchena, un hombre con una enorme influencia no solo en la justicia española, sino también en la política, porque sus movimientos han supuesto grandes quebraderos de cabeza del Gobierno, hasta el punto de que algunos bromean en el Ejecutivo con que es el verdadero jefe de la oposición. Todas estas batallas son de fondo y trascienden una legislatura: marcarán las posiciones de los dos grandes bloques también para el futuro, incluso en el caso de que el PP llegara al Gobierno en 2027 y el PSOE pasara a la oposición. Por eso son tan relevantes y tan duras, y de momento mantienen bloqueado al CGPJ.En esa sala de la cumbre de Davos donde estaban los grandes del Ibex 35, toda esta realidad sobrevolaba en el ambiente, en especial la del cambio en Telefónica o el pulso entre el BBVA y Sabadell, en el que el Gobierno se ha colocado del lado del segundo y se ha opuesto a la OPA del banco de Carlos Torres, que estaba allí sentado. Pero en una prueba más de que nadie allí ve a Sánchez como un pato cojo, el término que usan en EEUU para definir a los presidentes de salida y ya casi sin poder, ninguno mencionó el movimiento de Telefónica y ni siquiera el golpe que acababa de sufrir el Gobierno en la votación en Madrid.Se habló de futuro, de inversiones, de las consecuencias de la llegada de Trump, y hubo algunas risas que se podían escuchar desde fuera de la sala. Ana Botín reivindicó que Europa también debería pensar en algunas medidas de desregulación como las que se apuntan en EEUU -luego ella misma le preguntaría al propio Donald Trump por este asunto- y hubo una broma de Sánchez con Josu Jon Imaz por la caída del impuesto a las energéticas forzada por Junts y PNV –”estarás contento”, le dijo después de que el consejero delegado de Repsol liderara la campaña contra ese gravamen- pero el ambiente fue muy amable, y ninguna de las personas consultadas presentes en la sala percibió ninguna sensación de que el poder económico da por amortizado al líder del PSOE.Sánchez ha arrancado 2025 con una situación aparentemente contradictoria, pero que en realidad no lo es tanto. Por un lado, su debilidad parlamentaria ha alcanzado el nivel más inquietante, con la caída de un decreto con medidas clave, algo que no había sufrido nunca en casi siete años, ni siquiera cuando de carambola, por un error de un diputado del PP, sacó la reforma laboral adelante. Pero por otro lado, los movimientos del Gobierno son frenéticos, con presentación de varias reformas de la justicia -y aún otras están en cartera- que limitan el poder de las acusaciones populares, que cambian el acceso a la carrera para buscar que haya más jueces progresistas o al menos de orígenes sociales más dispares, con el movimiento en Telefónica y poco antes con los cambios en RTVE, o con anuncios de impacto en vivienda, como la batalla contra la multiplicación de los pisos turísticos que ha causado mucho efecto fuera de España y por la que le preguntaron en entrevistas en Davos.El hilo que une las dos corrientes opuestas es claro, según diversas fuentes del Ejecutivo consultadas. Sánchez, explican, tomó una decisión muy clara en sus cinco días de reflexión el año pasado, cuando amagó con dimitir: no solo seguir, no solo resistir, como le reprochan distintos sectores, incluida la propia vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, sino dar la batalla, gobernar, aprovechar todos los resortes del poder y mover todos los hilos para prepararse entonces para tres años muy duros -ahora ya solo quedan dos- en los que el Gobierno siente que sufre un acoso judicial, mediático, político y en parte también del mundo económico muy fuerte, pero que está convencido de que puede superar.Solo en este contexto de mirada a medio plazo, de un político decidido a agotar la legislatura y gobernar hasta el último día con movimientos arriesgados, se puede entender el pulso que se vive en este momento con el decreto ómnibus entre el Gobierno, el PP y Junts, los tres grandes protagonistas de una jugada que tiene inquietos a 12 millones de pensionistas, pendientes de que su pensión pueda bajar en febrero si no se aprueba un nuevo decreto que lo impida.Sánchez ha arrancado el año decidido a gobernar con todo, pero tiene un grave problema con Junts y por eso no tiene aún Presupuestos. Así que La Moncloa hizo como el año pasado, cuando tampoco hubo Cuentas: después de aprobar el paquete fiscal en diciembre, que era decisivo para recibir los fondos europeos, acumuló en un decreto ómnibus la subida de las pensiones que había decidido -2,8% en general, y entre 6% y 9% las más bajas-, las ayudas al transporte y otras muchas medidas de escudo social como la norma antidesahucios que en realidad es para muy pocas familias muy vulnerables, se calcula que unas 14.000 en toda España, según cálculos del Ejecutivo, y apenas se aplica. El PP dice ahora que este escudo fomenta la “inquiocupación”, un término inventado por la ultraderecha para definir a personas que no han asaltado ninguna cerradura, sino que tienen un contrato de alquiler legal y durante un tiempo lo pagaron pero dejan de hacerlo por necesidad extrema. Esas son las protegidas por el decreto, y aún así algunos jueces no lo aplican.Ese decreto se pactó con todos los grupos -por eso también es tan difícil trocearlo-. También con Junts, según el Gobierno, aunque los independentistas después han decidido tumbarlo por cuestiones políticas, por la tensión en sus relaciones con el PSOE después de que Sánchez rechazara de plano la posibilidad de tramitar la cuestión de confianza que exige Carles Puigdemont para seguir adelante con las negociaciones.La solución de este pulso del decreto ómnibus es clave para entender hacia dónde va la legislatura. El Gobierno cree que las cosas con Junts seguirán muy revueltas hasta que no se resuelva definitivamente la amnistía, una cuestión en la que de nuevo ha sido decisivo Marchena y el Supremo, que ha impedido que se beneficie de ella Carles Puigdemont y está tramitando con una lentitud que exaspera al expresident un recurso suyo con el que iniciaría el trámite para acudir en amparo al Tribunal Constitucional, otro lugar en el que Sánchez ejerció su poder y giró la mayoría con los dos miembros que corresponden al Gobierno, un nuevo equilibrio que durará 9 años, hasta que se vuelvan a renovar esos dos.Pero aún así, el Ejecutivo sigue trabajando en rearmar la mayoría con Junts para aprobar el decreto completo. “Confiamos en que entiendan que le están haciendo el caldo gordo al PP y Vox, que si llegan al poder los van a destrozar. Hay que cerrar lo pendiente con ellos y reajustarlo todo”, señala un ministro. La presión es enorme, y el PP se está moviendo para culpar al Gobierno, que a su vez les responsabiliza a ellos por no haberse abstenido en vez de votar en contra de una medida tan sensible como la subida de 12 millones de pensiones. El Gobierno parece decidido a no trocear el decreto, como le pide el PP, porque no quiere renunciar al resto del escudo social y porque confía en restablecer la mayoría que le permite llevar adelante su proyecto. En este momento sigue sin tener el apoyo de Junts, y por eso hay dudas de que este martes vaya el nuevo decreto al Consejo de Ministros. Pero la situación podría cambiar rápidamente. Mientras, Sumar presiona para no trocear pero también para resolverlo ya, este mismo martes.Pese a lo que parece por la enorme presión, el Gobierno tiene algo de margen porque en enero la subida de las pensiones está garantizada y hasta que llegue la de febrero quedan algunas semanas. Pero todos se mueven, y el PP usará todo lo que tiene a su alcance, sobre todo su mayoría en el Senado, para tratar de que los pensionistas culpen al Gobierno. Las próximas horas serán muy intensas, y la decisión la tomará Sánchez. En el Ejecutivo están convencidos de que encontrarán una salida, como otras veces. Porque la clave de fondo de todo lo que está pasando, tal como lo ven en el Gobierno, es la batalla para tumbar a Sánchez. Él está convencido de que no va a perderla, pero a la vez está desplegando todos los resortes para reforzar su poder y prepararse así para dos años duros por su evidente debilidad parlamentaria.
