Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya tiene sobre la mesa la primera queja por la decisión del magistrado Leopoldo Puente, instructor del Tribunal Supremo, de otorgar al PP todo el mando de las acusaciones populares en el caso Ábalos. Los abogados Alexis Aneas e Inmaculada Jaén, abogados de la asociación Liberum, han presentado un escrito ante el órgano de gobierno de los jueces para protestar después de que el magistrado les impidiese este jueves asistir a la declaración de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y les comunicase que no podrán acudir a ningún interrogatorio y que ya no se les notificarán los acontecimientos que sucedan durante el procedimiento.Más informaciónEl pasado miércoles, el juez Leopoldo Puente decidió unificar a las siete acusaciones populares personadas en la causa y concedió la dirección letrada al PP (por haber sido la primera en personarse). En su resolución, el magistrado no indicó nada de que el resto no pudiese acudir a las declaraciones, ni que no fueran a recibir las notificaciones. Sin embargo, este jueves, tras acudir al alto tribunal para escuchar a Ábalos, el magistrado les comunicó a todos que ya solo podía pasar el representante del PP y que, a partir de ahora, toda la documentación se la enviarían solo a los populares.En opinión de los letrados de Liberum, esta restricción vulnera derechos. “No se ha fundamentado en norma procesal alguna”, expone la queja enviada al CGPJ: “La unificación no debe, en ningún caso, impedir ni menoscabar el legítimo derecho de ejercer la acusación popular”. Los abogados insisten en que estas limitaciones “impiden la defensa en el libre ejercicio de la abogacía”.Paralelamente, según informa la agencia Europa Press, el PP se ha opuesto a que el PSOE se sume a las acusaciones populares en la parte del caso Ábalos que ha quedado en la Audiencia Nacional, donde se apodó inicialmente como caso Koldo. El juez Ismael Moreno, instructor en la Audiencia, aceptó la personación de los socialistas, pero los populares han mostrado su rechazo al considerar que su posición “podría estar en entredicho”. “¿Podría el PSOE tener responsabilidad penal/civil en la causa especial seguida ante el Tribunal Supremo y, al mismo tiempo, ser acusación popular en esta causa?”, pregunta el abogado del PP, Alberto Durán, en un escrito.Declaración rechazadaPor otra parte, el juez Ismael Moreno ha dictado este viernes un auto con el que descarta, por ahora, llamar a declarar a la empresaria María del Carmen Pano Sánchez y a su hija, Leonor María González Pano, como habían pedido las acusaciones ejercidas por el PP y Iustitia Europa, un partido que también ejerce el papel de acusación popular en el caso Begoña Gómez. González Pano era la administradora única de Have Got Time SL, una mercantil usada para comprar un chalé de La Línea de la Concepción (Cádiz) para que lo disfrutara supuestamente el entonces ministro José Luis Ábalos. Según la Guardia Civil, adquirieron esa vivienda a petición del comisionista Víctor de Aldama, pieza clave en el supuesto amaño de contratos para la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia.Pano Sánchez afirmó en octubre en una web —sin revelar su identidad inicialmente— que había llevado, en 2020, dos bolsas con un total de 90.000 euros a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz, de Madrid, para que obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos la empresa Villafuel SL, epicentro de un fraude en el IVA de los combustibles que investiga otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Ambas están bajo sospecha en este segundo sumario, donde también figura como implicado Aldama.El magistrado señala, en línea con lo planteado por la Fiscalía Anticorrupción, que las afirmaciones de Pano Sánchez en el medio de comunicación entran en contradicción con lo recogido en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaborado a partir de la información recabada de los dispositivos electrónicos intervenidos a los investigados en el caso Koldo. Por ello, encarga a los agentes que “verifiquen, si en los dispositivos telefónicos y digitales intervenidos, existe algún dato que permita corroborar las manifestaciones efectuadas” por Pano Sánchez al medio digital. “Con su resultado, se acordará lo que proceda”, añade el juez Moreno en la parte dispositiva del auto.
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