Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english El PP no se ha cansado de repetir desde hace más de una semana, casi a diario, que el letrado mayor y secretario general del Congreso, Fernando Galindo, les dio la razón oralmente en la Mesa de ese organismo que abordó hace 10 días la discusión sobre si procedía o no vetar como quería el Gobierno cuatro enmiendas de los populares a la ley de desperdicio alimentario. El PP incluyó esas cuatro enmiendas como un asunto de Estado y de conflicto institucional de la máxima gravedad porque con su mayoría las aprobó en el Senado y las trasladó para su ratificación en el Congreso como algo meramente mecánico, como había sucedido hasta ahora. El Gobierno ya intentó su veto en el Senado sin éxito, con el argumento que figura en la Constitución y en numerosos precedentes de que esos cambios afectaban al Presupuesto. El asunto se dirimió en la Mesa del Congreso y la mayoría, que conforman PSOE y Sumar, respaldó las tesis del Ejecutivo, para gran enfado del PP, que justificó esa inédita decisión para montar un gran escándalo en el pleno de la semana pasada y reclamaron una reconsideración y un informe escrito de letrado mayor. Ese informe es el que este viernes refrendará lo que hizo el Gobierno.El informe de los letrados que hoy se verá en ese órgano de dirección de la Cámara baja, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sostiene así que “la Mesa del Congreso, dentro del respeto a las previsiones constitucionales y reglamentarias y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha actuado conforme a derecho ejerciendo correctamente sus competencias de calificación de escritos y de ordenación de la tramitación subsiguiente de las enmiendas afectadas por el criterio de disconformidad del Gobierno, en la medida en que dicho criterio identifica claramente el impacto presupuestario de tales enmiendas”.El texto de los letrados expertos, que es una ampliación de lo que ya adelantó oralmente el secretario general de la Mesa la semana pasada en contra de lo que ha argumentado todos estos días el PP, precisa que de lo que prescribe el artículo 134.6 de la Constitución “no se deduce limite temporal alguno para el ejercicio del veto gubernamental mientras la iniciativa se encuentra en tramitación en cualquiera de las Cámaras”. Y remacha, en ese sentido, que “no cabe entender que se haya producido ni menoscabo de la competencia legislativa del Congreso de los Diputados, ni vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución”. El informe concluye: “Se acuerda la desestimación de la solicitud de reconsideración de manera definitiva”.El letrado mayor del Congreso suscribe así que el Senado, donde el PP impulsó y aprobó con su mayoría absoluta esas cuatro enmiendas, hizo mal al inadmitir el veto que ya había presentado el Gobierno contra las mismas al negar al Ejecutivo su facultad constitucional establecida en el artículo 134.6 de la Constitución, que estable esa posibilidad para “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.El PP ha anunciado que está dispuesto a utilizar “todos los instrumentos” a su alcance y a acudir a “todas las instancias”, políticas y hasta judiciales para intentar revocar esa polémica decisión adoptada en el pleno de la semana pasada por la Presidencia del Congreso. Los populares pretenden hacer una causa total y democrática de ese precedente, que etiquetan como una “prevaricación” arbitraria de la Presidencia. El portavoz popular en la Cámara baja, Miguel Tellado, llegó a catalogar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol y al vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, de ser “árbitros comprados al servicio del Gobierno” de Pedro Sánchez. En esa estrategia de ataque frontal a la Presidencia de las Cortes, el PP presentó una petición de reconsideración de esa actuación a la Mesa y reclamó el informe por escrito del letrado mayor tras sostener que oralmente les había dado la razón. Fuentes oficiales de la Cámara matizaron mucho esa posición y apuntaron que lo que el secretario general había formulado repartía algunas razones en contra de la postura del Gobierno por rechazar enmiendas aprobadas por el Senado por primera vez pero también contra el PP y la Cámara alta, porque aclaró que esas enmiendas nunca deberían haber llegado al Congreso.
