Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english Junts ha roto por ahora todas las “negociaciones sectoriales” con el Gobierno, pero Carles Puigdemont aseguró el pasado viernes que su partido tampoco se instalará en la “trinchera del no” en el Congreso. La primera prueba de su actitud llegará este miércoles con el pleno que inaugura el año en la Cámara, convocado con carácter extraordinario para abordar la convalidación de tres decretos, uno de ellos de los llamados ómnibus, que incluye la revalorización de las pensiones para 2025 y un nutrido conjunto de medidas sociales.De los tres decretos a examen parlamentario, en uno de ellos está asegurada la derrota del Gobierno. Ahí no hay dudas sobre qué hará Junts y también el PNV: votarán junto a la derecha nacional contra el intento de prolongar un año más el impuesto especial a las grandes energéticas. Se trata de un revés descontado y hasta casi pactado por el Ejecutivo, que se vio obligado a aprobar el decreto en el último Consejo de Ministros del año por exigencias de la izquierda soberanista, ERC, EH Bildu y BNG. Estas tres formaciones también dan por hecha la derrota, pero pretenden de ese modo “retratar” a Junts y PNV, los grupos que presionaron para retirar el impuesto vigente hasta final del pasado año.Otro de los decretos saldrá adelante de forma holgada, aunque en circunstancias un tanto peculiares. Se trata del que incorpora la reforma de las pensiones pactada entre sindicatos y patronal. En este caso son los partidos más a la izquierda quienes rechazan algunas medidas, sobre todo los incentivos contemplados para mantener la actividad más allá de la edad de jubilación. Junts no se ha pronunciado, pero aquí su voto no es necesario. El inusual colchón de seguridad del Gobierno lo proporciona esta vez el PP. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ya anunció que votará favorablemente al tratarse de un acuerdo entre los agentes sociales. En la época de Pablo Casado, los populares se opusieron a la reforma laboral a pesar de que también la habían pactado las centrales sindicales mayoritarias y los empresarios.La incógnita está en el tercer decreto que se someterá al refrendo parlamentario y que abrirá el debate este miércoles. En él están en juego cuestiones de gran relevancia, como la actualización de las pensiones conforme al IPC del último año (2,8%). Se trata de uno de esos llamados decretos ómnibus, muy prodigados por este Gobierno y a menudo controvertidos porque juntan materias extraordinariamente heterogéneas. Los grupos los interpretan a menudo como una artimaña para obligarles a apoyar cuestiones de las que discrepan diluyéndolas en un cajón de sastre con otras medidas a las que resulta muy difícil oponerse, como en este caso la revalorización de las pensiones.El decreto que se vota ahora en el Congreso es prolijo: 101 artículos, cinco disposiciones adicionales, una transitoria, otra derogatoria, 15 finales y dos anexos. Y ahí cabe de todo. Se prorrogan medidas adoptadas a raíz de la guerra de Ucrania como las bonificaciones a los usuarios del transporte público o la suspensión de los desahucios y los cortes de suministros básicos a familias vulnerables. También se prolongan ayudas para damnificados por el volcán de La Palma o las deducciones fiscales para fomentar mejoras energéticas en viviendas y vehículos. Se perfilan normas en favor de ayuntamientos y empresas afectadas por la dana. O se incluye una transferencia de 4,5 millones de euros a Ceuta para los gastos de acogida de menores inmigrantes, entre otros muchos acuerdos.“¿Cómo se va a oponer nadie a todo esto?”, responden en el Gobierno cuando se les pregunta si tienen los apoyos confirmados. Lo cierto es que Junts no se manifiesta por ahora. Y aunque el PP evita adelantar el sentido de su voto, fuentes de la dirección popular justifican la posibilidad de no respaldarlo, pese a las medidas sociales que contiene, lo que sugiere que se inclinan por dejarlo caer. Los populares argumentan que el Gobierno “intenta camuflar decisiones inexplicables, como regalarle un palacete al PNV, con otras de cierta racionalidad”. Y añaden que si el Ejecutivo quisiera su apoyo, tramitaría “de otra forma” esas medidas, separándolas de la “transacción inmobiliaria” para los peneuvistas.Se refiere el PP a la recuperación por parte del PNV de un inmueble de 1.309 metros cuadrados en París, un palacete en pleno centro, en el número 11 de la avenida Marceau, cerca de los Campos Elíseos y de la torre Eiffel, que hoy funciona como una de las dos sedes del Instituto Cervantes en la capital francesa y que al partido vasco le fue incautado por el franquismo. El Gobierno aprobó en un decreto el pasado 24 de diciembre el traspaso de este inmueble al PNV, atendiendo una vieja reivindicación de la formación nacionalista. En el acuerdo se estipula que partir del 1 de enero de 2025, el Instituto Cervantes deberá abonar una “renta de mercado” al grupo vasco para seguir ocupando el inmueble hasta 2030.Los populares, que desde hace tiempo mantienen frecuentes choques con el PNV, socio de anteriores gobiernos suyos, rechazan ese pacto. Los peneuvistas argumentan que el edificio fue comprado por militantes suyos que cedieron su uso al Gobierno vasco durante la República. Tras la ocupación nazi, fue entregado a los franquistas y una sentencia judicial de la época permitió a la dictadura retenerlo.El PP subraya también que Feijóo ya advirtió a Sánchez de que no le buscara cuando sus socios le fallasen y aconseja al PSOE que se dedique a hablar con Junts para salvar el decreto. Pero los independentistas han suspendido cualquier negociación sectorial con el Gobierno en tanto no se celebre una reunión de ambas partes en Suiza para abordar la exigencia de Puigdemont de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, rechazada de plano por el presidente. Lo que no quiere decir, ha matizado el líder de Junts, que sus siete diputados vayan a votar no de forma sistemática. La estrategia de los populares es, precisamente, intentar que el Ejecutivo sufra nuevas derrotas parlamentarias con el fin de desgastarlo y asentar la idea de que no tiene mayoría para gobernar.
